Existen deficiencias en los procesos y en los outputs del sistema de educación general. Una de las teorías para explicar esta situación es que se trata de una defectuosa relación entre el mundo de la formación y el del empleo.
En este post vamos a abordar cinco déficits del sistema educativo español, que explican este contexto, como son: la mediocridad de los resultados en algunas de sus diferentes manifestaciones objetivas, la ineficiencia del gasto educativo, la brecha existente entre formación y empleo, la lentitud de la respuesta política, y las eficiencias d los marcos normativos.
La mediocridad de los resultados
La mediocridad de los resultados en el sistema educativo es una característica que llama la atención. Cuando comparamos con el resto de la población, se aprecian déficits notables que constituyen frenos para el progreso económico y social de nuestro país.
Los resultados se sitúan por debajo de la media de la OCDE. España ha progresado muy escasamente en Matemáticas, y en Lectura y en Ciencias las diferencias no son estadísticamente significativas.
La excelencia, medida por el porcentaje de estudiantes con un nivel de rendimiento igual o superior a 5, en una escala de 1 a 6, España ocupa la posición decimonovena del ranking de 27 países de la UE. Solo el 1,9% de nuestros estudiantes de 15 años son excelentes (nivel 5 y 6) en más de una materia, frente al 3,7% de la media de la UE, el 6,1% de Estonia y Países Bajos o el 6% de Finlandia.
Las diferencias también se ven afectadas por las diferentes Comunidades Autónomas. En Lectura, las CCAA con mayor puntuación es Navarra y Madrid; Andalucía y Extremadura se posicionan últimas respectivamente. En Matemáticas, Navarra y Castilla y León encabezan el top, mientras que Andalucía y Canarias lo terminan. Por último, en Ciencias Castilla y León y Madrid se cuelgan el oro y la plata, mientras que Extremadura y Andalucía se posicionan últimas en esta categoría.
La ineficiencia del gasto
El gasto que un país invierte en su sistema educativo y formación constituye la expresión cuantitativa en unidades monetarias del conjunto de recursos materiales y humanos empleados. En España, es el sector público el principal inversor en educación no universitaria, con un porcentaje de 88%. España, con un 12% del gasto total, es el cuarto país que mayor esfuerzo relativo privado hace en favor de la educación no universitaria, 5 puntos porcentuales por encima de la UE-22. España es uno de los países europeos en los que la proporción de gasto privado procedente directamente de los hogares es mayor.
La brecha entre formación y empleo
La brecha entre la formación y el empleo en la población joven constituye un fenómeno relativamente extendido en los países desarrollados. La UE ha fiado la atención de un modo relevante en dicho fenómeno y ha incorporado al Monitor para el seguimiento de la Estrategia ET2020.
Coexisten elevados niveles de desempleo juvenil con una escasez de cualificaciones y de competencias de interés para el mercado laboral. Esto es llamado “Dos crisis, una paradoja.”
La lentitud de la respuesta política
Uno de los déficits del sistema español de educación y formación estriba en la enorme lentitud de la respuesta política a las exigencias del contexto. Y por ello a pesar de la influencia creciente de la UE en materia de definición de políticas educativas que está, no obstante, limitada por las características del Método abierto de coordinación; método que, como es sabido, respeta la soberanía de los estados miembros en materia educativa, en aplicación del principio de subsidiaridad.
Las deficiencias de los marco normativos
Comparamos la evolución de la extensión de normas, de igual rango y finalidad, y de su grado de detalle en las sucesivas leyes educativas de este periodo, tomando como referencia, por ejemplo, la Ley General de Educación de 1970 que, como es sabido, se corresponde con una etapa antiliberal de la historia española y, por ende, notablemente burocratizada.
Es imprescindible abandonar ese ordenancismo creciente que, en pleno siglo XXI, padece el sistema educativo español. Dicho enfoque normativo establece un corsé tan excesivo, que limita fuertemente una razonable libertad de los profesionales de la educación, desconfía de sus competencias, coarta su capacidad de innovación y limita, por tanto, los avances que puedan producirse simplemente por el método de ensayo y error.
